Este 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La desaparición forzada es el arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado.

¿Por qué se celebra el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas?

El 21 de diciembre de 2010 la Asamblea General de la ONU decretó el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

La designación se debió al aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo.

Así como por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido.

De acuerdo con la ONU el decreto tiene como fin sensibilizar al público en general para que conozca mejor la problemática y exija acciones, así como que los gobiernos tomen medidas.

¿Quién comete la desaparición forzada?

En el Código Penal Federal se establece que quien comete el delito de desaparición forzada es aquel servidor público que propicie o mantenga el ocultamiento de una persona bajo cualquier forma de detención.

"Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención", se menciona en el artículo 215-A del Código Penal Federal.

¿Cuál es la pena por desaparición forzada?

De acuerdo con esta ley, a la persona que cometa el delito de desaparición forzada se le impondrá una pena de cinco a 40 años de prisión.

?Las penas podrán ser disminuidas hasta una tercera parte en beneficio de aquella persona que participara en el delito cuando dé información que permita esclarecer los hechos y hasta en una mitad cuando contribuya a lograr la aparición con vida de la víctima.

La ley también establece que el servidor público que haya sido condenado por el delito de desaparición forzada de personas además se le destituirá del cargo y se le inhabilitará de uno a 20 años para desempeñar cualquier cargo, comisión o empleo público.