El presidente Enrique Peña Nieto anunció que esta tarde promulgará la Ley de Seguridad Interior; sin embargo, no emitirá Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine la constitucionalidad de dicha normatividad, que hoy, reconoció, es cuestionada por organismos civiles.

Esta Ley que fue aprobada el pasado 14 de diciembre y enviada al Ejecutivo avala que el Poder Ejecutivo Federal pueda intervenir a nivel local a través de esta declaratoria que precisa el tipo de amenaza que combatirán las fuerzas armadas en alguna región del país, durante cuánto tiempo y la cantidad de elementos.

Doy la bienvenida al análisis que en su momento lleve a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre esta ley, soy consciente que este ordenamiento es especialmente sensible para la vida pública del país.

Así la Suprema corte de Justicia de la Nación será el árbitro legitimado constitucionalmente para tomar una resolución definitiva”, subrayó.

Al clausurar la 43 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública en Palacio Nacional y frente a una veintena de gobernadores, el mandatario precisó que “ello no significa que dejara de haber intervención de la Federación en materia de seguridad pública en auxilio de los estados que hoy lo necesitan”.

Peña Nieto señaló que el espíritu de la Ley de Seguridad Interior da certeza jurídica al actuar de las fuerzas armadas en la preservación de la seguridad interior y establece límites al uso discrecional de las mismas.

La ley deja claro que en ningún momento se exime a las autoridades locales del cumplimiento de sus responsabilidades y las obliga a llevar a cabo un programa de fortalecimiento de las capacidades institucionales que permita finalizar con el apoyo subsidiario de las autoridades federales”.

En este sentido, el presidente de la República hizo un llamado a los mandatarios locales a trabajar en el fortalecimiento de sus corporaciones policiacas y dijo que es momento de discutir la propuesta de Mando único para dejar a tras las mil 800 corporaciones policiacas y convertirlas en 32 instituciones fuertes de seguridad.