La muerte, militarización y crisis humanitaria denunciadas por opositores, ONG y la comunidad internacional en Venezuela fueron finalmente confirmadas ayer, bajo un documento oficial de las Naciones Unidas que, entre otras cuestiones documentó 5 mil 287 fallecimientos durante operativos de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro, el año pasado.

Ayer, Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, después de reunir los resultados de su visita, el mes pasado a Caracas, denunció una elevada cifra de homicidios extrajudiciales.

El informe internacional quedó sustentado en más de 550 entrevistas realizadas por la oficina de Bachelet a defensores de derechos humanos, víctimas, testigos de violaciones y otras fuentes.

Bachelet y su equipo sostuvieron cerca de 160 reuniones con actores del Estado y de la oposición. La misma comisionada se reunió con el presidente Nicolás Maduro, a quien comprometió a darle acceso sin condiciones a instalaciones carcelarias, donde, se presume, ocurre el mayor número de violaciones, con tortura y abusos sexuales a las personas detenidas por estar involucradas en protestas contra el gobierno.

Las más de 5 mil 200 muertes extrajudiciales contadas por la ONU en el reciente informe fueron justificadas por el chavismo por “resistirse a la autoridad”. Además, otras mil 569 se dieron este año (hasta el 19 de mayo), indica el reporte.

La oficina de la Alta Comisionada también validó números independientes del Observatorio Venezolano de Violencia, que contó 7 mil 253 homicidios, también en manos del gobierno y al menos 2 mil 124 entre enero y mayo de 2019.

“La proporción de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad, en particular por las Fuerzas Especiales (FAES), en el contexto de las operaciones policiales ha sido sorprendentemente elevada”, se señala.

Los entrevistados por la ONU nombraron de manera constante a las FAES como “escuadrón de la muerte” o “grupo de exterminio”. Las ONG responsabilizan a estos grupos de cientos de asesinatos.

En línea con los hallazgos, Bachelet emitió una veintena de recomendaciones al gobierno de Maduro, para garantizar la libertad de prensa y proporcionar atención médica adecuada. Destaca el exhorto a desarmar y disolver los grupos civiles armados partidarios del régimen, conocidos como “colectivos”, que existen desde la administración del fallecido Hugo Chávez.

El reporte de un observador imparcial como Naciones Unidas se publica cuando la crisis política interna de Venezuela en años recientes ha dividido a la comunidad internacional. Más de 50 países, entre ellos Estados Unidos, muchos vecinos sudamericanos de Venezuela y naciones europeas, han reconocido al opositor Juan Guaidó como el líder legítimo del país, aunque Maduro permanece en el poder.