La asesora legal de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (Mexfam), Esmeralda Lecxiur Ferreira, recordó y aseveró que la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado en el Estado sigue vigente, por lo que el proceso jurídico que lleva a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no debe suspender ninguna de las acciones que el Gobierno de Estado y el Poder Legislativo están obligados a hacer sobre la Interrupción Legal de Embarazo (ILE).

“El estado mexicano es uno solo que ha adquirido compromisos y está obligado a cumplirlos y por lo tanto el Poder Legislativo sí está obligado a respetar y a llevar a cabo las recomendaciones que hay en los marcos jurídicos internacionales. Lo que las organizaciones de la sociedad civil estamos exigiendo son marcos jurídicos normativos y no existe ninguna ideología de género”.

Insistió en que los diputados deben acatar las recomendaciones internacionales sobre las reformas de los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal del Estado de Veracruz que contempla el marco normativo que es violatorio de los derechos humanos.

“Cualquier mujer en Veracruz que el día hoy quiera interrumpir legalmente su embarazo y sea coartado por las imposibilidades que maneja el Código Penal, en caso de violación que solo dan 90 días para hacerlo, cuando sabemos que por el propio contexto político, cultural y sociológico, el mayor número de mujeres que sufren violencia sexual lo sufren dentro del hogar”.

Cabe recordar que el pasado 19 de junio la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el amparo en revisión del asunto relacionado con la posible omisión que tuvieron exdiputados del Congreso del Estado de Veracruz al no haber modificado diversos artículos del Código Penal relacionados con el delito de aborto, lo que se considera que abre la puerta para que los derechos de las mujeres y niñas en el estado sean garantizados.

Apuntó que si bien este proceso continúa y su resolución podría tardar hasta seis meses, eso no impide que la actual legislatura asuma su responsabilidad y cumpla con lo marcado en la alerta de género del 2017.

El llamado, dijo, es al Poder Legislativo a cumplir con su obligación y a la sociedad civil a comprender que estamos hablando de vida, pues todas las mujeres están en riesgo de sufrir una violencia sexual, sobre todo en un Estado que ocupa el primer lugar en violencia sexual contra niñas y primer lugar en embarazo adolescente.