No hay conflicto de intereses o pago político con el nombramiento de Mónica Mendoza Madrigal en el Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos, señaló Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso local.

Comentó que después de la renuncia de María Elena García Filobello, se eligió a una encargada mientras se solucionaba el tema jurídico y tres diputados determinaron que Mónica era idónea.

“Cuando renuncia Filobello se nombró una encargada, yo le puedo decir que esa encargada se determinó y están los oficios donde la diputada de la bancada del PRI–PVEM, Erika Ayala y la diputada Kristel, firmaron y también el diputado Javier Gómez Cazarín firmó la entrada de la encargada de despacho, tres diputados firmamos en la JUCOPO, es mentira que fue una decisión mía, eso es falso”.

Al preguntarle sobre los señalamientos que hizo Marcela Guerra Osorno, quien participó en la convocatoria y denunció irregularidades en el nombramiento de Mónica, dijo que jamás se acercó a dialogar a la JUCOPO.

“Respeto a la Lic. Marcela, la cual de todos es la única que no ha platicado con nosotros, por lo cual desconozco su parecer”.

Por lo que descartó que el proceso haya estado “enviciado”, sino que recordó que fue la impugnación de un hombre, quien lo detuvo.

“Yo solo te puedo decir que fueron dos Comisiones las que sacaron la terna y no fue una decisión que haya tomado una sola persona, las Comisiones designaron a tres personas las cuales están en la elección, desafortunadamente no se tomó la decisión rápida porque hubo una persona que hizo una impugnación, se trata de un caballero de Coatzacoalcos y por eso la designación se atrasó”.

Además, indicó que una vez que se resuelva el amparo se determinará si el proceso debe continuar o iniciar desde cero.