Tras señalar que en la actualidad, el 82 por ciento de las obras contratadas por el gobierno federal de manera directa, mientras que en los estados es del 70 por ciento, los integrantes de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción A.C. (AMIC) esperan que se hagan las modificaciones correspondientes a la Ley de Obras Públicas para acabar con ello.

"El principal objetivo es terminar con la corrupción que ha venido en crecimiento en el sector de la industria de la construcción. Desde 1999 en que el presidente Zedillo modificó la ley e incluyó dentro de ésta el artículo 26, que establece que los municipios, los estados y la federación podrán contratar obra por asignación directa o por licitación restringida, y este pequeño detalle de la Ley es lo que ha permitido al sistema gubernamental caer en la tentación de la corrupción, porque tienen la facilidad, la facultad de poder otorgarle la obra a sus amigos", indicó el presidente nacional de la AMIC, Francisco Gallo Palmer.

Señaló que buscan que se elimine el artículo 26 de la Ley de Obras Públicas, para de esta manera regirse por el artículo 134 de la Constitución que establece que la contratación de obra pública tiene que ser por licitación pública.

De esta manera, todas las empresas podrían participar, por medio de concurso, en la asignación de obras, tanto en el estado como a nivel nacional.