El coronel del extinto Estado Mayor Presidencial (EMP), Juan Martín Cano Aguado, fue el responsable de avalar el megacontrato para la seguridad de las instalaciones del IMSS, donde se detectaron sendas irregularidades en asignaciones a nueve empresas, por más de dos mil 795 millones de pesos.

El encargado de calificar a los concursantes, modificar los procesos de licitación y avalar dichos contratos, con un mecanismo irregular, fue el coronel Cano Aguado, ligado al primer círculo de seguridad del expresidente Enrique Peña Nieto y su esposa, Angélica Rivera.

En los documentos revisados por este diario, se detalla que el coronel, como coordinador Técnico de Seguridad y Resguardo de Inmuebles del IMSS, fue el encargado de calificar, elaborar los lineamientos de participación y determinar a los ganadores.

De acuerdo a una revisión a sus declaraciones patrimoniales, hoja de servicio militar y ficha curricular del IMSS, el coronel fue nombrado como jefe de Seguridad de esa institución el 3 febrero de 2015, cuando todavía existían contratos vigentes en esta materia, pero dispersos por regiones.

Bajo su mando, basado en un estudio de mercado, se decidió consolidar el servicio de seguridad privada en una sola megalicitación, que después se fragmentaría.

Antes de ese puesto, Cano Aguado fue el coordinador de Seguridad y Logística de Angélica Rivera, primera dama del país. Ese cargo lo ejerció entre septiembre de 2012 y enero de 2015, adscrito al EMP.

A su vez, entre junio de 2010 y septiembre de 2012, fue coordinador de Logística del equipo de seguridad de Peña Nieto, adscrito a la Procuraduría General del Estado de México.

En ese lapso, le tocó proteger al exjefe del Ejecutivo en su último tramo como gobernador del Edomex, así como durante su campaña y hasta unos días después de que recibiera su constancia de Presidente electo.

Sobre el megacontrato, cuyo responsable fue el coronel Cano Aguado, la Auditoría Superior de la Federación, en su fiscalización a la cuenta pública 2018, descubrió que no se aseguraron las mejores condiciones económicas para el IMSS.

La Auditoría concluyó que a pesar del costo global del megacontrato, por más de dos mil 795 millones de pesos, los equipos de videovigilancia pertenecen a las nueve empresas a las que se asignaron los contratos, por lo que en 2020, el Seguro Social deberá decidir entre desmantelar su sistema de seguridad electrónico, recontratar a las nueve empresas o hacerles una oferta de compra.

En las cláusulas se estipula que los equipos pertenecen a la empresa e, incluso, se coloca como otra alternativa que los corporativos, al término de vigencia, los podrían donar al IMSS.

Bajo esas condiciones, el contrato seguirá vigente hasta 2020, con la posibilidad de que se desmantelen los equipos de videovigilancia en más de tres mil edificios.

En la víspera, 24 HORAS publicó que en 2017, el Seguro Social llevó a cabo un proceso de licitación bajo la cobertura de tratados internacionales, a pesar de que los servicios de seguridad no entraban en esa modalidad.

Además, manipuló las convocatorias, contrató un testigo social que infringió las normas y ocultó información a los concursantes.

A su vez, el IMSS, por razones desconocidas, fragmentó la primera licitación internacional para entregar a nueve empresas contratos superiores a los dos mil 795 millones de pesos mediante diversos procesos.