El presidente Andrés Manuel López Obrador entregó un memorándum a las secretarías de Gobernación, Educación Pública y Hacienda para dejar sin efecto la reforma educativa instrumentada durante el sexenio anterior.

En el documento firmado por el Presidente, se especifica que mientras no se alcance un acuerdo entre el Legislativo y la disidencia magisterial, para abrogar la reforma y reemplazarla por un nuevo marco legal, las dependencias del gobierno federal emprenderán las siguientes acciones.

1.-Secretaría de Educación Pública (SEP). Tendrá como encomienda administrar las plazas magisteriales, evitar que se trafique con ellas y garantizar la contratación de maestros egresados de las escuelas normales públicas; asimismo, deberá reinstalar a los educadores que fueron cesados por la aplicación de las “evaluaciones punitivas”.

La secretaría a cargo de Esteban Moctezuma deberá garantizar que la educación pública sea obligatoria, laica, pluricultural, de calidad y gratuita en todos los niveles de escolaridad, en tanto se alcance un consenso entre legisladores, trabajadores de la educación y la sociedad.

2.-Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La nómina magisterial quedará bajo el control de esta dependencia, cuyo titular es Carlos Urzúa, a la cual el Presidente le instruyó impedir “prácticas patrimonialistas”, “aviadores” y cualquier otra forma de corrupción.

3.-Secretaría de Gobernación (Segob). Por su parte, la institución encabezada por Olga Sánchez Cordero realizará las dirigencias y acciones necesarias para poner en libertad en breve a maestros y luchadores sociales que aún estén presos “por haberse opuesto a la reforma educativa”.
De igual forma, deberá encargarse de indemnizar a familiares de quienes perdieron la vida por la “política autoritaria que prevaleció en los gobiernos anteriores”.

AMLO pide a maestros diálogo permanente

López Obrador aprovechó el escrito para exhortar a los docentes “de todas las tendencias y corrientes” a mantener diálogo permanente, impedir la confrontación y buscar una formulación legal para garantizar el derecho de la sociedad mexicana a la educación, bajo el principio juarista de “nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”.