La mayoría parlamentaria de Morena y las bancadas de oposición en la Cámara de Diputados consensuaron un proyecto de dictamen de la reforma educativa que, entre otros aspectos, incorpora la demanda de la disidencia magisterial para que los procesos de admisión, promoción y reconocimiento de los maestros se rijan por una ley secundaria en la materia.

Pese al amago de movilizaciones y bloqueos al Palacio de San Lázaro por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), las comisiones de Educación Pública y de Puntos Constitucionales publicaron en la Gaceta Parlamentaria su convocatoria a reunión de trabajo para votar el documento este martes a las 8 de la mañana.

El proyecto, del que MILENIO posee una copia, deja expresamente sin efectos “los actos referidos a la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente que afectaron la permanencia de las maestras y los maestros en el servicio”, con lo cual se cumple también la exigencia magisterial de reinstalar a los profesores separados de sus plazas.

No obstante y pese al rechazo de la CNTE, el predictamen incluye en la redacción del artículo 3 constitucional que “la admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión, se realizará a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones, los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos”.

Señala que los nombramientos derivados de estos procesos solo se otorgarán en términos de la ley, aunque “en ningún caso afectará la permanencia de las maestras y los maestros en el servicio”.

La propuesta elimina al Instituto Nacional de Evaluación de la Educación para ser sustituido por el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, entre cuyas funciones estará la de aplicar evaluaciones diagnósticas a los profesores.

De igual forma establece que la educación deberá ser “de excelencia”, no obstante los cuestionamientos de la disidencia magisterial a ese concepto.

El proyecto de dictamen restablece asimismo la fracción VII del artículo 3 constitucional referente a la autonomía universitaria e impone al Estado la obligación de impartir la educación inicial y la educación superior, además de la básica y media superior.