Representantes de estancias infantiles de la zona centro presentaron amparo colectivo ante el Juzgado Federal del Poder Judicial, a fin de exigir al Gobierno que libere recursos etiquetados para este rubro.

Francisco García, representante de estancias, indicó que son unas 20 guarderías de la desaparecida Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), las que realizan esta diligencia, pugnando por los derechos de los niños que quedaron sin el servicio.

"Ante la ley lo que estamos peleando es que hay un techo financiero aprobado en 2018, y no nos dicen qué pasó con esos recursos, este año no nos lo dieron, con este amparo esperamos que nos den el recurso económico".

Precisó que dicho amparo los respaldará y con ello demandan al Gobierno federal les sea devuelto el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados desde el 2018 que son: 2 mil 043 millones de pesos.

“Venimos al PJF para ampararnos y lo hacemos con respeto a la autoridad, queremos defender los derechos de muchos niños que se quedarán sin atención y de las madres de familia que no tendrán un apoyo”.

Acotó que aproximadamente 35 estancias de la zona centro son las que llegaron al PJF: Orizaba, Córdoba, Fortín, Amatlán de los Reyes, Cuitláhuac, entre otros.

Señaló que el problema no sólo es a nivel local, sino que se manifiesta a nivel nacional.

El entrevistado dijo que el problema afecta de igual forma los derechos de los niños al cien por ciento, “el Gobierno no se da cuenta que afecta a los menores de zonas rurales y urbanas”.

El representante mencionó que la mayor de las leyes que se están violando es la abrogación respecto al nuevo programa de Bienestar.

Refirió que lo que procede ante el amparo es esperar la parte legal, para que posteriormente salgan las amonestaciones y que de ahí existan indicaciones por parte de Gobierno federal a las instituciones correspondientes con la esperanza de que comience nuevamente el programa.

Mencionó Francisco García que urgen el capital para que sigan funcionando como estancias dentro del Programa Bienestar.

En la zona son 20 estancias, pero los amparos se están aplicando en varios estados del país.

Agregó que ellos siguen en la lucha para obtener sus recursos, pues por ahora algunas estancias cerraron y otras operan como particulares.