El Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) aprobó la modificación de las fórmulas de reasignación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad.

Durante la tercera sesión extraordinaria del consejo, también se acordó la creación de una comisión para revisar los criterios de distribución de este fondo.

Dicha comisión está integrada por representantes de Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Guerrero, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, San Luis Potosí, Tlaxcala y Tamaulipas.

En la sesión, que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, también fueron aprobados 10 acuerdos en materia de seguridad como parte de la nueva estrategia del gobierno federal, para la que se destinarán 11 mil millones de pesos.

El primero es informe de actividades; el segundo son los criterios de distribución para la administración y ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2019.
El tercer acuerdo es garantizar la operación de la Red nacional de radiocomunicación; el cuarto corresponde a la verificación de la calidad de la información de incidencia delictiva. El quinto, inicio de los trabajos relacionados con el Modelo Nacional de Policía.

El sexto corresponde al apoyo al Programa Jóvenes Construyendo el Futuro de la Secretaría del Trabajo. El séptimo es un protocolo nacional de investigación en el Sistema de Justicia Penal.

El octavo se refiere a los protocolos de actuación en materia de atención a víctimas de secuestro, destrucción de plantíos ilícitos y aseguramiento.

El noveno busca actualizar el programa rector de profesionalización, mientras que el décimo es la implementación del programa nacional de combate al secuestro con la participación de las tres conferencias nacionales.

"Estas líneas estratégicas buscan la mejora de las capacidades y recursos en todos los niveles estimulan la coordinación de las acciones y promueven el respeto a los derechos humanos. Esta nueva fórmula incluye criterios que toman en cuenta la gravedad de los problemas de seguridad en cada región.

“Por ello proponemos pasar de un concepto limitado de combate a la violencia a otro de carácter amplio consistente en construir la paz a partir de garantizar empleo, educación, salud y bienestar, especialmente en las comunidades donde los criminales se han convertido en la autoridad de facto”, subrayó Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

También se refirió a la Guardia Nacional, y garantizó que esta nueva corporación “no debilita ni hace a un lado a las policías locales”.

"Se tratará de un cuerpo diseñado para proteger a la gente, con nuevas actitudes, principios democráticos y compromiso social. La Guardia Nacional no implicará debilitar o hacer a un lado a las policías estatales y municipales.

"La Guardia Nacional complementará sus esfuerzos con los de las instituciones de seguridad y cuerpos policiales de los estados y municipios", subrayó.