El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, insistió hoy en que la prórroga propuesta por el mandatario Donald Trump de los programas migratorios que afectan, entre otros, a los llamados 'dramers' (soñadores) sería solo "temporal" y no permanente.

"No es una amnistía, ni un camino a la ciudadanía (estadunidense), en absoluto hay ningún estatus permanente aquí que sería lo que una amnistía contemplaría", dijo Pence en un extracto de una entrevista a la cadena Fox News, adelantado en su página web, y que será emitida más tarde.

Trump ofreció ayer a los demócratas extender dos protecciones migratorias canceladas por él mismo, el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y el Estatus de Protección Temporal (TPS), a cambio de financiación para un muro en la frontera con México.

La disputa entre Trump y los demócratas sobre los fondos para el muro ha ocasionado el cierre de la Administración gubernamental, que hoy cumple 30 días.

Pence destacó que los demócratas habían sugerido una prórroga del DACA y del TPS de tres años renovables, y señaló que "el presidente ha aceptado tres años de alivio temporal".

"Es hora de que el Senado y el Congreso voten para garantizar la seguridad en la frontera", afirmó Pence, quien hizo hincapié en que lo que está pidiendo Trump a los demócratas son 5 mil 700 millones de dólares para construir el muro.

Pence subrayó que el Senado, de mayoría republicana, votará el próximo martes la propuesta del presidente.

PIDEN SOLUCIÓN PERMANENTE
Por su parte, la líder de la mayoría demócrata en la Cámara Baja, Nancy Pelosi, ha rechazado la iniciativa y ha pedido una solución permanente para los afectados por el DACA y el TPS.

El caso de DACA se encuentra en manos del Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, que debe decidir sobre el futuro de 700 mil "soñadores", como se conoce a los beneficiarios del programa creado en 2012 por el expresidente Barack Obama y que regulariza, de manera temporal, a los jóvenes indocumentados que llegaron de la mano de sus padres.

En sus tiempos de candidato, Trump prometió abolirlo y, finalmente, en septiembre de 2017 el entonces fiscal general de la actual Administración, Jeff Sessions, anunció su rescisión.

No obstante, cuatro meses después, un juez federal de California ordenó que se mantenga, lo que fue seguido de decisiones judiciales similares, lo que llevó al Gobierno a pedir la intervención del Supremo.

El TPS da amparo a más de 430 mil inmigrantes, de los cuales unos 350 mil son centroamericanos, y se concede a nacionales de países afectados por guerras o desastres naturales.