El grupo legislativo del PAN en el Congreso del Estado, mediante una reforma constitucional, propone que la Contraloría General del Estado sea desincorporada de la administración pública descentralizada para convertirla en un órgano autónomo.

Bingen Rementería Molina, diputado local, durante la sesión plenaria del Congreso del Estado de este martes, también propondrá que el titular de la CGE sea nombrado con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, a los magistrados del Poder Judicial, al Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humano y al Contralor General del Estado.

Y la CGE, como órgano autónomo, tendrá la facultad de investigar los actos u omisiones que impliquen alguna presunta irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos, para lo cual, la Ley desarrollará las funciones específicas sobre gestión gubernamental, simplificación y desarrollo administrativo, evaluación y control de los Planes, Programas y presupuestos, control del gasto público, auditorias y revisiones , adquisiciones, obras públicas, arrendamientos, contratación de servicios, desincorporación de activos, control de inventarios, manejo de almacenes, conservación, mantenimiento, resguardo y enajenación de los bienes, concesiones, almacenes, administración de recursos humanos, materiales y financieros, contratación de deuda y manejo de fondos y valores.

Así como determinar los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o al patrimonio de los entes públicos estatales o a los recursos que ejerzan las autoridades locales en los casos que las leyes señalen; promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el Título Quinto de esta Constitución, y presentar las denuncias y querellas penales, en cuyos procedimientos tendrá la intervención que señale la ley.

Se aplicarán a los particulares que intervengan en actos de corrupción, con independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas; inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva; el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos estatales o municipales, así como las demás sanciones que determine la ley.