Con 47 votos a favor y una abstención, el Congreso local aprobó este jueves la Ley de Austeridad, la cual limitará los servicios de escolta, así como la adquisición de automóviles blindados, salvo para los servidores públicos con alta responsabilidad en materia de seguridad, procuración e impartición de justicia.

Los legisladores locales votaron la iniciativa del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, la cual establece medidas de ahorro en el gasto público, con la prohibición del uso de vehículos oficiales si no es para la prestación de servicios directos a la población.

Además de ajustar la propaganda oficial a lo estrictamente indispensable para cumplir con los fines informativos y de difusión necesarios, en materia educativa o de orientación social, priorizando el uso de tiempos oficiales.

Limitar los viajes oficiales a los estrictamente indispensables conforme a las necesidades del servicio público.


Prohibir los viajes aéreos en primera clase, para servidores públicos.


Limitar los gastos por servicios de telefonía, fotocopiado, energía eléctrica, combustibles, arrendamientos, viáticos, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, congresos, convenciones, exposiciones, seminarios, estudios e investigaciones.

Asimismo, reducir los salarios y prestaciones de los altos funcionarios públicos de los poderes del Estado, órganos autónomos y sus entes públicos.


Eliminar haberes de retiro o regímenes especiales de jubilaciones o pensiones, además de eliminar la contratación de seguros privados de gastos médicos, de vida o de separación individualizada o colectiva, con excepción de los necesarios que se requieran por una función de alto riesgo.

La Comisión de Hacienda del estado precisó que también considera que la propuesta atiende los principios constitucionales que rigen el uso de los recursos económicos, ya que pretende que los ahorros que se obtengan con motivo de la aplicación de las medidas que se proponen se destinen a los programas prioritarios de atención a la población y programas sociales cuya asignación esté prevista en el Presupuesto de Egresos del Estado.