La Secretaría de Gobernación (SG) se comprometió a elaborar una lista de presuntos presos políticos de todo el país y establecer una mesa de trabajo con los familiares y testigos de los hechos impugnados a casi 200 personas. No obstante, precisó la titular de la dependencia, Olga Sánchez Cordero, la libertad no será ni en automático ni de manera colectiva.

Tenemos que revisar cada uno de los expedientes, porque no es un rasero general, tiene que haber un detallado y minucioso examen de cada uno de los expedientes porque hay gente acusada incluso de delitos graves, comentó a La Jornada.

Revisaremos si les sembraron pruebas, si hay falsedad o si hay cualquier circunstancia o condición que haya afectado sus derechos, pero mientras tanto tenemos que ser muy, muy cuidadosos con cada uno de los expedientes y de las personas, sostuvo.

Después de reunirse con el subsecretario de Derechos Humanos de la dependencia, Alejandro Encinas, la senadora Nestora Salgado –quien entregó la petición de libertad inmediata para 199 personas– dijo que la última palabra la tiene la Secretaría de Gobernación.

Indicó que en el encuentro con el subsecretario se habló de alternativas para que las personas obtengan su libertad; por ejemplo, la Ley de Amnistía, el indulto o celeridad en los procesos.

La legisladora dijo que los expedientes corresponden a 18 entidades, aunque el mayor nú-mero se ubica en estado de Mé-xico, Guerrero y Oaxaca, con per-sonas encarceladas a partir de delitos fabricados y por su activismo social.

El abogado Martín Sosa señaló que de 199 carpetas, 70 contienen acusaciones por homicidio; 58 por delincuencia organizada, y 31 por secuestro. Además, 180 de los inculpados son hombres y 19, mujeres.

Al respecto, Salgado expresó: Si nos basamos únicamente en los expedientes hay un patrón sistemático de cómo se cuadraron los delitos. El patrón siempre fue delincuencia organizada, secuestro, homicidio y terrorismo.

Dijo que en el sexenio pasado hubo criminalización selectiva contra personas cuyas historias ya han sido revisadas por Naciones Unidas.

En la rueda de prensa participó también la esposa de Leonel Manzano Sosa, preso desde 2013 por su rechazo a la reforma educativa.

También en un penal de alta seguridad se encuentran Damián Gallardo y Sara Altamirano, de Morelos, así como Lauro Grijalva.

Asimismo, se presentaron los casos correspondientes al conflicto La Parota, así como los de Jaime Be-tanzos y Miguel Ángel Peralta Betanzos, de Eloxochitlan de Flores Magón, Oaxaca. También se mencionó a Enrique Guerrero Aviña, Dominga González Martínez, Vicente Suástegui Muñoz y Marco Antonio Suástegui, entre otros.