Una revisión exhaustiva de la adquisición e instalación de las 6 mil 476 cámaras que integran el Sistema Estatal de Videovigilancia deberá hacer el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis).

El Congreso local aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Además, se pide al ente fiscalizador un informe detallado.

El objetivo es saber debe ejercer sus facultades legales de denuncia ante las instancias correspondientes, en caso de encontrar elementos para ello.

El Acuerdo es resultado del anteproyecto que presentó el pasado 27 de noviembre el diputado del Grupo Legislativo de Morena, Eric Domínguez Vázquez.

El texto refiere que la Jucopo coincide con el autor de la propuesta al indicar que la empresa del sistema de videovigilancia cuenta con un expediente de inhabilitación abierto por la Secretaría de la Función Pública en el año 2013.

Esto abona todavía más a la desconfianza que desde el principio generó el anuncio de este programa.