Trabajadores de Tamsa, suspendidos en sus derechos, denunciaron que tanto el Fiscal General, Jorge Winckler así como el Presidente del Tribunal del Poder Judicial, Edel Álvarez Peña, son los responsables de que a Pascual Lagunes Ochoa se le haya otorgado arraigo domiciliario, a través de un proceso amañado y fuera de legalidad.

En rueda de prensa, los trabajadores se inconformaron por el cambio de las medidas cautelares, más aún porque aseguran que Pascual Lagunes Ochoa ni siquiera está tan enfermo como se dice.

“Se dice que está enfermo cuando sabemos que está más sano que muchos, es un asesino de trabajadores y debe seguir en la cárcel, ahí se ve la corrupción qué hay, todo el tiempo Pascual Lagunes ha comprado a la autoridad, a los gobernantes, engaño a la autoridad a cambio de una mochada”, indicó, Ricardo Hernández Pegueros, secretario general suplente del Sindicato Unidad y Progreso de Tamsa.

Los trabajadores disidentes exigieron la intervención del gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, pues acusaron que la pasada administración prometió dar solución al problema y ahora el Fiscal y el magistrado, concedieron cambios en las medidas cautelares.

Con pancartas en mano, exigieron el mismo trato para sus dirigentes, José Carlos Guevara Moreno y Bartolo Guevara Malpica que ya se encuentran procesados.