José Manuel Pozos Castro, presidente del Congreso, ratificó que la relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo será de coordinación total y no se sumisión, ahora que se tiene nuevo gobernador, agregando que la Legislatura no se convertirá en la Oficialía de Partes del poder Ejecutivo.

Y calificó como “terrible” la sumisión que había del poder Legislativo hacia el poder Ejecutivo, lo que está generando consecuencias para el estado, tal es el hecho de no mantener su autonomía.

“Definitivamente no (no serán sumisos ante el Ejecutivo), eso lo firmo de una buena vez. Nosotros vamos a trabajar en coordinación”.

Sobre la amnistía que plantea Andrés Manuel López Obrador y que, si alcanzaría a Veracruz, manifestó el estado ya no aguanta odios, rencores, ni venganzas, sin embargo, sí habrá justicia en caso de que ex servidores públicos no hayan cumplido a los veracruzanos.

“Hemos visto hasta donde se ha llevado a Veracruz, a donde hemos quedado por gobernar con odios, con rencores, eso no es bueno. Que no quede duda de que sí habrá justicia, de ahí, el análisis tan profundo que se está haciendo del Informe de Gobierno, todo se está revisando con lupa, hasta la responsabilidad del o los funcionarios que no le han cumplido a Veracruz”.

Añadió que no le van a fallar a los veracruzanos, porque las cosas se harán bien, acabando con la corrupción, impulsando la Ley de Austeridad y la Ley Anticorrupción, y con el compromiso de no robar y no mentir.

“Que hagamos las cosas bien, que no caigamos en el abuso, que se eviten y que se terminen de una buena vez y para siempre, un gran saqueo, una gran pillería de muchas obras que se pagaron y que ni siquiera empezaron”.

Dijo que en el Congreso continuarán con la revisión profunda y conforme a la ley; y si la actual Legislatura tiene que revisar acciones, estados de cuentas, gastos, en el tiempo que los faculte la Constitución, así se hará.

Así como el anteproyecto de Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingreso del Gobierno del estado para el ejercicio fiscal 2019 y se habrá de reducir el presupuesto del poder Legislativo, con la finalidad de canalizarlo a los sectores más sensibles y más prioritarios.