Arturo Nicolás Baltazar, abogado defensor del exfiscal Luis Ángel Bravo Contreras, acudió este día a interponer una denuncia ante la Fiscalía General del estado /FGE), en contra de funcionarios estatales por diversos delitos cometidos durante el proceso que se le sigue a su defendido.

Los delitos que señaló el abogado fueron: asociación delictuosa, abuso de autoridad, usurpación de funciones, incumplimiento del deber legal y tortura, en contra del funcionario duartista, quien desde hace cuatro meses se encuentra en prisión preventiva por desaparición forzada.

El defensor se fue en contra de Edel Álvarez Peña, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz (TSJEV); Alma Aleida Sosa Jiménez, Juez de Control del Proceso Penal; Jorge Winkler Ortiz, Fiscal de Veracruz; Marcos Torres Zamudio, Fiscal Anticorrupción; Eduardo Coronel Gamboa, titular de la Unidad de Atención a Personas Desaparecidas; y Jaime Téllez Marié, secretario de Seguridad Pública.

Asimismo, pidió que el Congreso del estado lleve a juicio político a los seis funcionarios acusados por violación a los derechos humanos y otros delitos; explicando que la detención de su cliente fue arbitraria, pues gozaba de la protección concebida por un juez federal, sin embargo, sus derechos fueron pasados por alto.

Incluso después de ser detenido y presentado ante el Juzgado de Control y Procedimiento y Proceso Penal Oral del distrito judicial de Xalapa, estuvo en receso, en donde la juez de control le expresó: "amigo, me parte del alma todo esto, sé que es una injusticia, pero debes lograr que actúen los jueces federales para que te puedan ayudar, todo esto es orden de Edel Álvarez".

Pese a ello, Aleida, Sosa, legalizó la detención de Luis Ángel Bravo, decretando la presión preventiva, por instrucciones de Álvarez Peña, quien aseguró "ordenó a los jueces" integrar diversas pruebas en contra de su cliente, entre ellas la supuesta declaración de Gilberto Aguirre Garza, ex director de servicios Periciales y la de un "testigo fantasma".

Nicolás Baltazar acusó que funcionarios del poder Judicial y la Fiscalía General montaron un espectáculo previo a las elecciones del pasado mes de julio para fincar responsabilidad al exfuncionario del gobierno de Javier Duarte

"Esto es una maquinación terrible, todos estos hechos convirtieron a la fiscalía en un instrumento de venganza, para privar a gente inocente de la libertad".

Finalmente, exigió que se entreguen las pruebas que supuestamente involucran a su cliente, ya que hasta la fecha las autoridades se niegan a ello, lo que pone en entre dicho su acusación.