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Una denuncia ante la Contraloría Interna del Congreso fue lo que presentó el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, por presuntos actos de corrupción en la aprobación de la Cuenta Pública 2017, en la que se pasaron por alto 325 millones de pesos observados.
Sergio Vázquez, presidente de dicho comité, exigió que se investigue a la Comisión de Vigilancia de la pasada legislatura, pues no quedaron claros los métodos que utilizaron para aprobar la cuenta pública.
"Acabamos de presentar una denuncia ante la Contraloría Interna del Congreso del estado para que se investigue la forma en que se aprobó el dictamen de la Cuenta Pública 2017, por la Comisión de Vigilancia de la 64 Legislatura".
El entrevistado lamentó que el Órgano de Fiscalización Superior del estado (ORFIS) guarde silencio ante lo que consideró como un acto a todas luces ilegal, pues se está siendo complaciente con estas decisiones fuera de la ley.
La Comisión de Vigilancia no tiene atribuciones para recibir documentos y argumentos presentados por ex servidores públicos, y aunque el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) determinó que hubo presunto daño patrimonial, en un análisis de dos semanas, el Congreso Local determinó borrar los 325 millones observados, de esta manera, los diputados de la Comisión de Vigilancia actuaron de manera ilegal contraviniendo lo señalado en la Ley de Fiscalización y la propia Constitución Política del estado.
