Una vez aprobados los informes individuales y el informe general ejecutivo de las cuentas públicas de los entes fiscalizable del estado, correspondientes a 2017, el Órgano de Fiscalización Superior tendrá 30 días hábiles para notificar a los Órganos Internos de Control de los entes estatales y municipales, las observaciones de carácter administrativas no graves que fueron detectadas en la cuenta pública de ese año, a fin de que realicen las investigaciones y promuevan las acciones correspondientes.

A su vez el ente fiscalizador deberá encargare de las faltas graves y observaciones de presunto daño patrimonial en los entes estatales y municipales. La Ley General de Responsabilidades Administrativas señala que es obligación de los servidores públicos de los Órganos Internos de Control iniciar las investigaciones en un plazo de 30 días, a partir de las notificaciones.

Y en el caso de las faltas administrativas que puedan constituir faltas graves o presunto daño patrimonial establece un plazo de siete años para determinar responsabilidades.