La secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, aseguró que no habrá impunidad en materia administrativa por parte de esta dependencia contra quienes resulten responsables de algún ilícito y reveló que se investiga el patrimonio de la titular de la Sedatu, Rosario Robles y del exdirector de Pemex, Emilio Loyoza, involucrado en presuntas irregularidades en el caso Odebrecht.

“Sí existen verificaciones patrimoniales instauradas a Rosario Robles y a Emilio Lozoya, sin embargo, en el ejercicio de derecho de audiencia que les otorga la ley están en etapa de aclaraciones, por lo que respetando su derecho de defensa no puedo darles más información al momento”, explicó a los diputados.

Durante su comparecencia ante comisiones de diputados, como parte de la Glosa del VI Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, Gómez aseguró que la dependencia “no fue omisa” en sancionar a los servidores públicos responsables por las irregularidades observadas en los casos Odebrecht.

Aseguró que esta dependencia impuso sanciones históricas de carácter administrativas y económicas que ascendieron a los 543 millones de pesos, así como suspensión, amonestación, inhabilitación y destitución de servidores públicos; aseguró que esa empresa está inhabilitada para operar en México.

Recalcó que la SFP realizó investigaciones “exhaustivas, sólidas y a fondo”, en el marco de sus competencias, en los casos del socavón del Paso Exprés de Cuernavaca, de los contratos de Pemex con Odebrecht y del presunto desvío de recursos públicos conocido como “la estafa maestra”.