Por ser víctimas de una agresión por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública el 23 de diciembre del 2015, cuando exigían el pago de su pensión, el Gobierno de Veracruz debe exigir una disculpa pública a pensionados y jubilados afectados.

Lo anterior, se deriva de la recomendación realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a autoridades estatales y órganos autónomos por la violación de los Derechos Humanos de 36 personas, la mayoría adultos mayores cuando realizaban una protesta pacífica.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, Gregorio Murillo Uscanga, dijo es necesario modificar las leyes que garantizan que no se repita la falta de pago a pensionados y jubilados, ya que la recomendación de la CNDH así lo especifica.

Expuso es una obligación de Estado pagar a tiempo las pensiones de los extrabajadores, toda vez que están en su derecho y así evitar que se vuelva ejercer un hecho violentó como el registrado hace casi tres años.

“Se debe ver el mecanismo para que no pase lo que ocurrió en ese momento, que fue la falta de pago y que garantice que los pensionados sin importar la situación económica que viva el Estado, se les pague lo que ya trabajaron por muchos años”.

Aseveró que el Estado debe garantizar el respeto absoluto de los derechos de las personas, por lo que la recomendación comprueba un exceso de la fuerza pública en contra de un grupo vulnerable.

“Es reprobable sin importar de qué partido o Gobierno se trate. El Gobierno actual debe atener las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”.

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN) indicó que parte de la reparación del daño a las víctimas consiste en garantizar la revisión y adecuación del marco legal para evitar que estas situaciones se repitan.

“Puede ir desde una disculpa pública por parte del Gobierno hacia quienes vieron violentados sus derechos, hasta otros alcances incluso en el Instituto de Pensiones”.