Integrantes del colectivo feminista Cihuatlatolli acusaron que en el tema de la Alerta de Violencia de Género por agravio comparado, el Gobierno solo simuló actuar en defensa de las mujeres.

La activista e integrante del Frente Veracruzano por los Derechos y la Salud Reproductiva de las Mujeres, Maricruz Jaimes García, precisó que una de las medidas de esta alerta es implementar la Ley General de Víctimas para la adecuada y diligente atención a víctimas de violencia sexual, pero sobre todo garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE) por violación.

Reveló que en el estado, entre el 2015 y 2016, más de mil niñas entre 10 y 14 años se vieron obligadas a tener hijos producto de un embarazo no deseado.

“Ha habido como mucha simulación por parte del Gobierno, dicen que se va a cumplir, que están haciendo mesas de trabajo, han declarado que tienen 200 y tantos hospitales preparados en los que se implementaron los programas del ILE, pero todo es simulación, las mesas, lo que declaran, en la práctica no existe nada, no existe el respeto a los Derechos Humanos de las mujeres, pero ni siquiera se garantiza en el caso de las niñas que han sido abusadas sexualmente”.

Señaló que muchas mujeres acuden a la Ciudad de México para realizarse el aborto y muchas niñas al no contar con recursos, recurren a soluciones “clandestinas” que ponen en riesgo su salud, pues la ley Estatal en Veracruz obstaculiza el acceso a la interrupción del embarazo por violación.

Indicó que es urgente legalizar y garantizar la interrupción del embarazo cuando existe riesgo en la salud y por violencia sexual, "se supone que había cuatro causales y ni siquiera esas causales están respetando, el estado ha dado una muestra de intolerancia y falta de respeto a los derechos, porque definitivamente no han cumplido, se ha reconocido que Veracruz, existen leyes y políticas públicas que obstaculizan el acceso a los servicios de interrupción legal del embarazo, pues entre 2015 y 2016 no se realizó ninguna interrupción para casos de violación sexual”.

Por ello, solicitó al próximo Gobierno de Veracruz la creación de una Fiscalía que garantice la investigación de delitos que implica la violación de Derechos Humanos; la depuración de la Fiscalía para que se garantice la debida diligencia, políticas públicas y leyes que erradiquen el problema de la violencia y que se cumplan las alertas de violencia feminicida y de agravio comparado.