Aprobado por el Congreso del Estado, surtió efecto ayer lunes el Informe Complementario de la Extensión a la Auditoría de Legalidad y Auditoría Financiera de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016.

Tras el análisis del Informe Complementario de la Extensión a la Auditoría de Legalidad de la UPAV se detectaron observaciones, consideraciones jurídicas y valoración de las mismas que el ORFIS deberá notificar al Ente Fiscalizable y a la Contraloría General del Estado.

Se detectaron irregularidades de carácter resarcitorio en la actuación de los servidores y ex servidores públicos, que hacen presumir la existencia de daño patrimonial, además de inconsistencias de carácter administrativo que dieron lugar a observaciones y recomendaciones, estas últimas, el ORFIS las deberá notificar al Ente Fiscalizable y a la Contraloría General del Estado, como resultado del análisis del Informe Complementario de la Extensión a la Auditoría Financiera de la UPAV,.

Se instruyó al Órgano de Fiscalización Superior, en cuanto a las observaciones de Legalidad y las observaciones de carácter resarcitorio, dar inicio a la Fase de Determinación de Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones, en contra de los servidores o ex servidores públicos, cuya conducta implica irregularidad o ilicitud en el manejo de los recursos públicos ejercidos y recaudados en el año 2016 y que, presumiblemente, afectaron a la hacienda pública estatal; así como, promover las demás acciones de responsabilidad que deriven ante las autoridades correspondientes, principalmente las de carácter penal.

Mientras que la Contraloría General del Estado deberá dar seguimiento a las observaciones de legalidad y administrativas que le notificará el ORFIS y en su caso, sustancie el procedimiento disciplinario administrativo de conformidad con las disposiciones legales aplicables en materia de responsabilidades de los servidores o ex servidores públicos.

También, deberá informar a más tardar el 30 de este mes al Congreso del Estado, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia y al Órgano de Fiscalización Superior, el inicio de los procedimientos incoados, indicando el número de expediente que al efecto se haya aperturado.

Además de presentar a ambas instancias un informe pormenorizado de la determinación de responsabilidades y aplicación de sanciones administrativas notificadas, de acuerdo con la Ley en Materia de Responsabilidades en un plazo que no exceda el 31 de diciembre de 2018.