La Justicia argentina fijó para el 26 de febrero próximo el inicio del primer juicio de los cinco por presunta corrupción que deberá enfrentar la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), acusada de encabezar una asociación ilícita y fraude en la concesión de obra pública.

Tres jueces deberán sentenciar sobre el presunto “direccionamiento” de contratos a favor del Grupo Austral en Santa Cruz, cuna del kirchnerismo y provincia de la que el expresidente Néstor Kirchner fue gobernador desde 1991 a 2003.

El mayor beneficiario de la trama corrupta —además del matrimonio Kirchner— sería Lázaro Báez, dueño de las empresas del Grupo Austral que resultaron adjudicatarias de casi la totalidad de las obras viales licitadas en esa provincia durante los 12 años en que se extendieron los gobiernos ­kirchneristas nacionales.

Los entonces ministros de Planificación Federal, Julio De Vido, y secretario de Obras Públicas, José López, así como el empresario Báez se encuentran ya en la cárcel por los mismos hechos por los que será juzgada la expresidenta y actual líder del peronismo en el Senado.

“La investigación dirigida deliberadamente en mi contra, a pesar de haber arrasado todas y cada una de las garantías que hacen al debido proceso legal, no ha conseguido ni siquiera una mínima prueba que acredite los delitos que calumniosamente se me atribuyen”, declaró.