El integrante del Centro de Investigación Atmosférica y Ecología, Alejandro Salazar Galván, aseguró que la Ley General de Cambio Climático podría ocasionar el desplazamiento de pueblos bajo la justificación de estar asentados en zonas de riesgo, violentando sus derechos humanos.

Resaltó que existe la posibilidad de que “por conveniencia ecológica o de protección civil” los gobiernos pueden desplazar a los pueblos y apropiarse de sus terrenos. “Cuando tenemos una laguna o ambigüedad en la ley es motivo que se maneja a conveniencia”, apuntó.

Ante lo ya mencionado, no descartó que si la ley no se modifica puede provocar corrupción y que haya comunidades que sean desplazadas únicamente para que algunas empresas puedan comprar estos terrenos.

Dijo que hay puntos en la ley que no les permiten saber qué es lo que va a pasar cuando llegue a aplicarse, pues en el capítulo cuarto habla de la minimización de los riesgos ambientales y hay ciertas transgresiones a los derechos humanos.

De igual manera, consideró que la Ley General del Cambio Climático no previó estas posibilidades y eso ha provocado que no pueda aplicarse a nivel estatal ni federal.

“No ha permeado a los estados ni ha permeado en cuestiones federales. Actualmente vivimos un problema porque hay leyes que no son cumplidas, están en el papel, pero no las cumplimos, además de la corrupción y de intereses económicos que son trastocados por las leyes”, concluyó.