La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) acreditó que la Procuraduría General de la República (PGR) hizo un uso indebido de recursos públicos para afectar al candidato presidencial Ricardo Anaya.

Sin embargo, decidió que sólo deberán ser sancionados Israel Lira Salas, titular de la SEIDO, y Rafael Lugo, director de Comunicación Social de la dependencia federal, pese a que el PAN responsabilizó directamente al encargado de despacho de la Procuraduría, Alberto Elías Beltrán.

La Sala Especializada desahogó hoy una queja presentada por el blanquiazul en contra de este funcionario por haber intervenido de manera indebida en el proceso electoral para perjudicar y dañar la reputación del político queretano.

El órgano jurisdiccional resolvió que, tal como denunció el Partido Acción Nacional, funcionarios de la Procuraduría hicieron un mal uso de recursos públicos y vulneraron la equidad de la contienda al difundir comunicados de prensa en donde se vinculaba a Anaya en un caso de lavado de dinero.

Las magistradas de la Sala Especializada advirtieron que, además, el video que difundió la PGR en su página oficial y en cuentas oficiales de redes sociales, en donde aparece el candidato presidencial de Por México al Frente al interior de oficinas de la dependencia federal, se trató de un mal uso de sus datos personales, lo que pone en riesgo su privacidad.

En dicho video, el abanderado, en compañía del panista Diego Fernández de Cevallos, se rehúsa a rendir declaración ante funcionarios de la Procuraduría.

Debido a estas razones, la Sala Especializada determinó que el Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada y el Director General de Comunicación Social de la PGR debían ser sancionados.

Por ello, el órgano jurisdiccional dio vista al Órgano Interno de Control de la dependencia federal, así como al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), para que determinen las sanciones correspondientes.

De acuerdo al Tribunal, con la información que difundió la PGR se pudo generar una posible confusión o desinformación en los votantes.