Durante la sesión de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de este lunes, el diputado del PRI, Carlos Antonio Morales Guevara presentó una iniciativa de reforma a la Ley para la Entrega y Recepción del Poder Ejecutivo y la Administración Pública Municipal, con la finalidad de que bajo ninguna circunstancia, el servidor público entrante que no cuente con argumentos emitidos y acreditados debidamente por la instancia correspondiente, hará declaración tendiente a denostar la imagen del servidor público saliente, respecto a presuntas inconsistencias o irregularidades en tanto aún no se determinen conforme la Ley de la materia.

En caso contrario, se estará a lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil que le corresponda.

Dijo que la finalidad es evitar confrontaciones estériles que en nada benefician a la población y que, por el contrario, la confunden, así como también, distraen el correcto desempeño de las administraciones.

Por ello, expuso, que a través de la propuesta legislativa se plantea adicionar un tercer párrafo al artículo 29 de la Ley para la Entrega y Recepción del Poder Ejecutivo y la Administración Pública Municipal, con el objeto de puntualizar que bajo ninguna circunstancia, el servidor público entrante que no cuente con argumentos emitidos y acreditados debidamente por la instancia correspondiente, hará declaración tendiente a denostar la imagen del servidor público saliente, respecto a presuntas inconsistencias o irregularidades en tanto aún no se determinen conforme la Ley de la materia.

Agregó que la propuesta pretende debilitar que cada vez que exista un cambio de administración, las autoridades venideras se enfrasquen en señalamientos que distraigan su capacidad y voluntad para atender las principales problemáticas de los gobernados, para que de esa manera, mientras las instancias concernientes determinan si realmente hubo o no las inconsistencias o irregularidades que a juicio del servidor público entrante se registraron, se abstenga de emitir juicios plagados de descalificaciones.

Aunado a lo anterior, en caso de que el gobernante en funciones opte dirigirse a la opinión pública con falsedades, sin importarle esté en curso un procedimiento de fiscalización superior y que, en consecuencia, aún no exista determinación de Daños y Perjuicios contra la Hacienda Pública o al Patrimonio del Ente Fiscalizable, la adición formulada en esta propuesta, articula la posibilidad de que la parte afectada intente la acción legal a que haya lugar.